Los políticos parecen ser de la firme convicción que las palabras crean realidades. Seguramente cierran los ojos y con una fe ciega lanzan dichos en contra de la corrupción y pensando que ésta desaparecerá y se rendirá ante la repetición constante de mentiras. Es la única razón por la que puedo entender que la clase política (por ejemplo, en las campañas políticas actuales) genere una verborrea interminable.

Hay señales de preocupación las cuales identifican que los actores políticos no quieren que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nazca para el cometido que señala la Constitución: erradicar la corrupción de México. La facilidad de palabra de los políticos para condenar la corrupción no se refleja en la voluntad política para crear las instituciones necesarias con las herramientas necesarias para hacer frente a la corrupción con un principio de igualdad ante la ley.

El SNA ya corre el peligro de nacer muerto o mal herido. Hace más de un año que se promulgaron las leyes que le dieron forma al SNA; a tres meses de haber constituido formalmente el Sistema Anticorrupción sin uno de sus miembros más importantes: el fiscal anticorrupción y; a unos días de que sea elegido el secretario técnico, hay graves problemas para su funcionamiento: No existen recursos financieros para que el SNA pueda trabajar.

Los políticos están intentando asfixiar el SNA. Mientras cada día vemos en la prensa miles de millones de pesos destinados a la corrupción, resulta ridículo que el Sistema no tenga los fondos necesarios para proveer de recursos humanos, materiales y financieros para echar andar la Secretaría Técnica. La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto 2017, y dejó sin recursos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que deberá ser creada el próximo año. En el PEF 2017, la Cámara introdujo un artículo transitorio para dejar a criterio de la Secretaría de Hacienda la decisión del monto de recursos que destinarán a ese órgano.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfredo del Mazo (PRI), afirmó que se destinaría 5,000 millones de pesos para la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, dos de los órganos implementadores del SNA.

Sin embargo, los diputados no aprobaron un presupuesto específico para otros órganos del sistema, como será la Fiscalía Anticorrupción que deberá crear la PGR mediante el presupuesto general que le fue aprobado para el 2017, por un monto de 15,897 millones 460,324 pesos.

Por lo tanto, no es solo que el presupuesto de egresos haya sido omiso al etiquetar el dinero, sino más bien el secretario Meade no ha tenido la voluntad de transferir los recursos para ello, ¿Por qué? No lo sé de cierto, pero intuyo que tiene que ver con no asegurar que funcione el Sistema. Lo cierto es que si la secretaría de Hacienda no libera los recursos para el secretario técnico del SNA, Ricardo Salgado, quien fue elegido el 30 de mayo, y que comenzará su labor sin oficinas, plumas ni computadoras y personal. Vaya para comenzar a trabajar en combatir la corrupción.

Pero ahí no termina el desdén de la clase política para crear un SNA que sea efectiva para combatir la corrupción en México. Los días pasan y los partidos políticos en el Senado siguen sin seleccionar una de las figuras centrales que del SNA: el fiscal anticorrupción. Según el diseño institucional, el Fiscal sería los “dientes” del Sistema. Es decir, sería quien persigue e investiga para meter a la cárcel a los corruptos.

Durante las negociaciones de las leyes anticorrupción la sociedad civil peleó mucho la figura de un fiscal con dientes. Digamos que es una figura que le daría confianza a la ciudadanía que el SNA iba en serio contra corruptos. Resultaba ser una figura innovadora. En el ideal sería el motor institucional para cambiar las cosas si elegíamos a una persona con una trayectoria intachable y con alta credibilidad. Sin embargo, ha sido el Senado quien ha dado un mensaje de poca voluntad política y ha decidido postergar su nombramiento indefinidamente.

Entonces, ¿Qué tenemos actualmente?: Un Sistema Nacional Anticorrupción sin dinero para operar ni un fiscal anticorrupción para perseguir los delitos de corrupción. Además, la ausencia más notoria en el parlamente y en todas las bancadas de los partidos es la voluntad política. Todos hablan, todos condenan, pero claramente el poder político quiere iniciar con un SNA moribundo, débil y sin dientes. Dirán que es un gran paso lo que estamos haciendo al tener un sistema anticorrupción, pero lo cierto es que parece que es más una sofisticada simulación de que las cosas pueden cambiar. Si estoy equivocado –ojalá- entonces que me responda ¿por qué no hay lana, voluntad ni fiscal anticorrupción?

Twitter @dariomrs

Darío Ramírez

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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